CADA UNO A LO SUYO

Debemos a Montesquieu, desde el S.XVIII, la separación entre los poderes del estado: legislativo, ejecutivo y judicial que después sería adoptada por los países del entorno francés, entre ellos el nuestro. Luego se produjo la neta separación entre iglesias y Estado que venía causando problemas desde épocas pretéritas: los gobernantes se dedicaron a organizar y regular la vida de los ciudadanos mientras que los pastores espirituales de las diversas confesiones proveían la normativa adecuada con el fin de encaminar el alma de los fieles al más allá que cada una de ellas había diseñado. Los franceses tuvieron la desdichada experiencia de sufrir su gran revolución burguesa, pero también la gran habilidad de sacar magnificas consecuencias de ella.

En principio, este sistema debe funcionar como una seda: el cuerpo y el espíritu de los ciudadanos está protegido por la Constitución del país y su alma por la normativa religiosa a la que decida acogerse, o por ninguna, que la opción religiosa -a diferencia de la civil- es voluntaria.

Pero sucede, en algunos extraños casos, que los responsables de uno u otro sistema se creen en la obligación de regular también el campo que les es ajeno por naturaleza. Y así, contemplamos a lo largo de la Historia, episodios en que un gobierno intenta imponer a sus gobernados una religión determinada o que una religión se inmiscuya por todos los medios a su alcance (que, afortunadamente hoy no son muchos) en la forma de legislar de un Estado. Ambas situaciones –también la Historia nos lo dice- conducen a un estrepitoso fracaso. Y hoy día, en el ámbito de los países en que nos movemos resulta, además de anacrónico, ineficaz.

El Gobierno dicta las leyes de manera que los ciudadanos puedan acogerse a ellas en el caso de que regulen derechos, o se vean obligados a acatarlas si imponen obligaciones. Y las confesiones religiosas tienen perfecto derecho a opinar (respetuosamente, como lo hacen casi siempre) sobre la función del Estado y a recomendar a sus fieles, si se trata del primer caso, que se acojan a esa regulación de derechos o que no lo hagan. Pero al resto de los ciudadanos, que profesan una creencia de distinta orientación o no profesan ninguna, les resulta invasivo y esperpéntico que una confesión religiosa pretenda, en nombre de una deidad que solo para ellos es incuestionable, imponer al total de la ciudadanía normas que solo para sus adeptos resultan de obligado cumplimiento.

De ninguna manera es aceptable en nuestros tiempos que una confesión religiosa, sea del tipo que sea, se arrogue el derecho de gestionar la legislación de un país (más si se trata del nuestro, aconfesional por Constitución). Las leyes son para todos y el único órgano que puede emitirlas, por acuerdo de los ciudadanos, es el poder legítimamente constituido.

Decía mi abuela que “zapatero a tus zapatos” y algo con el mismo sentido se lee también en el Nuevo Testamento: “Dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios” (Mat. 22,21). Pues apliquémonos el cuento y cada uno a lo suyo. Dejemos que la capa misericordiosa del olvido cubra el recuerdo de pasadas épocas en que las cosas fueron de otra forma y levantaron no pocas ronchas entre la ciudadania, muchas de las cuales no cicatrizarán nunca. Vivimos tiempos nuevos de libertades constitucionales y tenemos la hermosa posibilidad de que cada uno haga con su libertad de conciencia lo que le parezca (“que haga de su capa un sayo”), sin violentar la libertad de los demás. El que quiera acogerse a la norma, que se acoja, y el que no, que la deje pasar. Y todos tan contentos.

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